ELOY GARZA
14 de Agosto 2026

Estados Unidos ha convertido la cancelación de visas en una herramienta de presión directa contra políticos y funcionarios mexicanos, sobre todo de Morena. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Washington no disimula: considera que varias de estas personas están vinculadas, de un modo u otro, al tráfico de fentanilo, al huachicol, a la corrupción o a la facilitación de migración irregular.
En octubre de 2025 Reuters ya hablaba de al menos cincuenta visas revocadas. La cifra no ha dejado de crecer. El caso más ruidoso llegó en agosto de 2026: Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente y hasta mayo secretario de Organización de Morena. No es el primero ni será el último. Antes cayeron Marina del Pilar Ávila y su entonces esposo, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, alcaldes fronterizos y varios funcionarios federales señalados por huachicol. También hubo casos del PRI, pero la mayoría son de la Cuarta Transformación.
Sheinbaum llama a estas medidas “sentido político”, “injerencistas” y “no parejas”. Dice que no se aplican igual a políticos de otros países. Tiene derecho a protestar. Lo que no tiene es argumento de fondo. La visa nunca ha sido un derecho. Es un privilegio que el Departamento de Estado puede retirar en cualquier momento si considera que las actividades de una persona van contra el interés nacional de Estados Unidos. No entregan expediente. No publican razones individuales. Así funciona el sistema desde hace décadas.
Y no se queda en las visas. En abril de 2026 la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York abrió proceso penal contra diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rocha Moya, el alcalde de Culiacán y un senador de Morena. Los acusan de cooperar con el Cártel de Sinaloa. Es el golpe judicial más duro hasta ahora. Antes, en febrero de 2025, Trump designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Eso abre la puerta a congelamiento de activos y sanciones más severas. Luego vinieron las restricciones a setenta y cinco familiares y asociados del Cártel de Sinaloa, y después a sesenta y cinco personas vinculadas al CJNG, con veintiséis visas más revocadas. También han quitado visas a ejecutivos de empresas de transporte acusadas de mover migrantes hacia la frontera.
Marco Rubio y Christopher Landau no se esconden. Landau se autodenomina “El Quitavisas” y usa X para señalar casos. Hasta agosto de 2026 el Departamento de Estado había revocado más de ciento setenta y cinco mil visas en total. La mayoría por delitos comunes, pero una parte importante por razones de seguridad nacional y política exterior.
Estados Unidos presenta todo esto como parte de su “America First”: seguridad nacional, guerra contra los cárteles y contra la corrupción que los facilita. México responde: injerencia, falta de pruebas, respeto mutuo.

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